Opinión: La reforma al Infonavit: un peligro para el derecho a la vivienda
En un movimiento que ha despertado más sospechas que aplausos, el Senado de la República aprobó la reforma al Infonavit propuesta por la presidenta Claudia Sheinbaum. Lejos de ser el faro de esperanza que promete para los trabajadores en busca de vivienda asequible, esta reforma podría convertirse en el ocaso de sus derechos, abriendo un abismo entre la promesa y la realidad.
La creación de una empresa filial para la construcción de viviendas representa un riesgo palpable. Permitir al Infonavit desviar los recursos destinados a créditos hacia la construcción implica una potencial desviación de fondos. Con más de 2.4 billones de pesos en juego, la tentación de malversación o manejo ineficiente es demasiado grande como para ignorarla. La pregunta que resuena es: ¿quién garantiza que estos recursos se usarán exclusivamente para beneficio de los trabajadores y no para llenar los bolsillos de unos pocos o para proyectos de interés político?
Además, el tripartismo, una estructura que ha sido la columna vertebral de la transparencia y el equilibrio en el Infonavit, está siendo desmantelado. La reforma entrega un mayor control al gobierno, desde la designación del director general hasta la composición de los órganos de gobierno, donde el voto gubernamental podría prevalecer sobre los intereses de los trabajadores y empleadores. Este cambio mina la confianza en el sistema y podría resultar en decisiones que favorezcan agendas políticas en lugar de las necesidades habitacionales de los mexicanos.
Desde el punto de vista del derecho a la vivienda, la reforma parece un retroceso. Prometiendo créditos más accesibles y esquemas de arrendamiento social, se ignora cómo la concentración de poder y recursos en manos del gobierno podría llevar a la construcción de viviendas de baja calidad o a precios inflados. La ausencia de competencia en este esquema es alarmante; sin ella, el costo de la vivienda podría dispararse, mientras que la calidad caería, negando a muchos el derecho a una vivienda digna.
Otro golpe bajo a la transparencia y la rendición de cuentas es la eliminación de la supervisión por parte de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores. Aunque se establecen nuevas reglas prudenciales por parte de la Secretaría de Hacienda, queda la duda de si esto será suficiente para evitar el uso discrecional de los recursos. La historia nos ha enseñado que la vigilancia externa es crucial para mantener a raya la corrupción y la ineficiencia.
Sindicatos y organizaciones de trabajadores han alzado la voz, advirtiendo que esta reforma no solo reduce el tripartismo a una mera formalidad, sino que también pone en riesgo la vigilancia y el control de las inversiones. Sin una participación equitativa y efectiva de todos los sectores en la toma de decisiones, el Infonavit podría desviarse hacia un camino donde los programas de vivienda se conviertan en herramientas de política, más que en soluciones habitacionales.
En resumen, la reforma al Infonavit no es un paso hacia adelante en el derecho a la vivienda; es un salto hacia atrás. Para los trabajadores, lo que debería ser una luz al final del túnel se perfila más como un tren a toda velocidad, amenazando con arrollar sus derechos y esperanzas de una vivienda digna y accesible.