Opinión: La legalidad y el impacto de los altares religiosos en las calles de la CDMX
El reciente retiro de un altar dedicado a la Santa Muerte en la alcaldía Iztacalco ha desatado un debate sobre la legalidad y el uso de los espacios públicos en la Ciudad de México. Aunque la Ley de Asociaciones Religiosas y Culto Público regula el establecimiento de lugares de culto, su interpretación en cuanto a los altares religiosos en espacios urbanos genera incertidumbre.
Por un lado, estos altares forman parte de la rica tradición cultural y espiritual de la capital. Son expresiones visibles de la diversidad religiosa que caracteriza a la sociedad mexicana. Sin embargo, su instalación en áreas públicas sin los permisos correspondientes plantea preguntas sobre el equilibrio entre el respeto a las creencias individuales y el uso adecuado de los espacios comunes.
Las autoridades argumentan que el altar retirado en Río Churubusco obstruía el paso, afectando la movilidad y el derecho de otros ciudadanos a disfrutar del espacio público. Este es un punto válido, ya que el urbanismo incluyente exige que las calles y camellones sean accesibles para todos. No obstante, también cabe cuestionar si las alcaldías ofrecen mecanismos claros para que las comunidades puedan regularizar estas instalaciones sin afectar a terceros.
Más allá de la legalidad, el retiro de estos altares puede percibirse como una acción insensible si no se acompaña de diálogo. Muchas personas depositan en ellos significados profundos, que van desde el agradecimiento hasta la esperanza. Ignorar este contexto puede profundizar tensiones en una ciudad que se enorgullece de su pluralidad.
La solución pasa por un marco regulatorio más claro, que permita a las comunidades expresar su fe de manera ordenada y respetuosa con los derechos colectivos. Los altares no deberían ser eliminados sin una alternativa; en cambio, podrían ubicarse en zonas consensuadas que respeten tanto el espíritu de los creyentes como el derecho al espacio público.
En un lugar tan diverso como la Ciudad de México, el reto no es solo aplicar la ley, sino encontrar formas de armonizar las distintas necesidades y creencias que convergen en sus calles.