ONU expresa preocupación por reforma de prisión preventiva en México
GINEBRA – El Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, expresó este miércoles su inquietud ante una propuesta de reforma constitucional en México que busca ampliar el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa.
La reforma, aprobada por la Cámara de Diputados el pasado 13 de noviembre y actualmente en revisión por el Senado, propone incluir delitos como extorsión, contrabando y ciertos relacionados con drogas en la lista de cargos que ameritan prisión preventiva automática, sin evaluación individualizada por parte de un juez.
“La prisión preventiva automática contraviene principios fundamentales de derechos humanos”, declaró Türk. “Debe ser una medida excepcional basada en una evaluación judicial caso por caso, no una práctica generalizada”.
Antecedentes y recomendaciones internacionales
Organismos internacionales, como el Comité de Derechos Humanos y el Grupo de Trabajo sobre la Detención Arbitraria, han instado repetidamente a México a eliminar la prisión preventiva oficiosa de su legislación. En 2023, la Corte Interamericana de Derechos Humanos determinó que esta práctica violaba la Convención Americana sobre Derechos Humanos y ordenó al país alinear su marco jurídico con los estándares internacionales.
El Alto Comisionado subrayó que, aunque México enfrenta retos significativos en seguridad y justicia, como la violencia organizada y la impunidad, la ampliación de esta medida no es una solución efectiva.
“Es esencial reforzar las capacidades de las fiscalías para reunir pruebas sólidas y argumentar la necesidad de la prisión preventiva en cada caso específico”, señaló Türk. “Además, se deben explorar alternativas que respeten los derechos fundamentales y garanticen la proporcionalidad en las decisiones judiciales”.
Preocupaciones sobre independencia judicial
En paralelo, Türk manifestó reservas sobre recientes reformas judiciales en México que podrían comprometer la independencia del Poder Judicial. Entre estas modificaciones figura la elección popular de jueces, la finalización anticipada de mandatos judiciales vigentes y la creación de un Tribunal de Disciplina Judicial con amplias facultades.
“El conjunto de estas disposiciones podría debilitar gravemente la capacidad del Poder Judicial para garantizar el Estado de Derecho”, advirtió.
Asimismo, la figura de “jueces sin rostro”, propuesta en el marco de la lucha contra la delincuencia organizada, plantea serias preocupaciones sobre la transparencia en la administración de justicia y el derecho a un juicio justo.
Reconocimientos y advertencias
Aunque Türk destacó avances en otras áreas, como reformas que promueven la igualdad de género, los derechos de las mujeres y de los Pueblos Indígenas y Afromexicanos, subrayó que las propuestas relacionadas con la prisión preventiva y la independencia judicial amenazan con revertir importantes logros en derechos humanos.
“Hago un llamado a las autoridades mexicanas para detener esta reforma y asegurar que toda legislación esté alineada con los compromisos internacionales del país en materia de derechos humanos”, concluyó el Alto Comisionado.
Implicaciones de la reforma
El debate sobre la prisión preventiva oficiosa se centra en el equilibrio entre la seguridad pública y los derechos individuales. Los críticos argumentan que esta práctica fomenta la criminalización de la pobreza y la saturación del sistema penitenciario, mientras que los defensores sostienen que es una herramienta necesaria contra la impunidad.
La decisión final del Senado será clave para determinar el rumbo que México tomará frente a los estándares internacionales de derechos humanos.