Oaxaca: Sin presupuesto para servicios de aborto legal y seguro en 2023 y 2024
Por: Renata Rodríguez
A pesar de contar con un marco normativo que respalda el aborto legal y seguro, el gobierno de Oaxaca, bajo la administración de Salomón Jara Cruz, no asignó presupuesto estatal para los Servicios de Salud en esta área durante los años 2023 y 2024. Esta omisión ha obligado a las instituciones a operar con recursos federales limitados y donaciones de la sociedad civil.
Presupuesto insuficiente y dependencia de donaciones
El Frente por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Oaxaca reveló que los Servicios de Salud estatales reconocieron haber operado con recursos insuficientes provenientes del gobierno federal y el apoyo de organizaciones como Ipaz. Sin embargo, activistas como Tete Jaso, de la colectiva Las Consejeras, denunciaron que esta dependencia de donaciones refleja una irresponsabilidad del Estado al evadir su obligación de garantizar el acceso al aborto seguro.
De acuerdo con Mayra Aldaz e Ixchel Guzmán, de Ddeser Oaxaca, los insumos proporcionados por la Secretaría de Salud federal sumaron 1.5 millones de pesos en 2023, mientras que en 2024 disminuyeron a 581 mil pesos, representando una reducción del 63%. Además, la distribución de insumos en unidades de salud recibió apenas 10 mil 500 pesos este año.
Recorte al sector salud y prioridades cuestionables
La situación se agravó el 10 de diciembre de este año, cuando el Congreso local aprobó un recorte del 21% al presupuesto de salud, equivalente a 2 mil 666 millones de pesos. Este déficit se contrapone al aumento de recursos destinados a comunicación social, que contará con 340 millones de pesos en 2025, lo que equivale a un gasto diario de 900 mil pesos.
Activistas cuestionan estas prioridades presupuestarias y señalan que la falta de asignación para el componente de aborto refleja una clara invisibilización de los derechos reproductivos.
Incumplimiento de resoluciones legales
La problemática presupuestaria también pone en evidencia el incumplimiento de la resolución emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) en septiembre de 2023. El fallo obliga a todas las instituciones del sistema nacional de salud, incluyendo IMSS e ISSSTE, a garantizar el acceso al aborto seguro. Sin embargo, un año después, ninguna de estas instituciones ha cumplido.
“Nos preocupa profundamente que no podamos decidir sobre nuestros propios cuerpos. ¿Cómo tomaremos mejores decisiones en otros aspectos de nuestra vida si no tenemos garantizado este derecho básico?” expresó Mayra Aldaz.
Exigencias y acciones urgentes
Colectivos como Las Consejeras, GesMujer Siempre Viva AC, Na’zanda, Mujeres Proactivas, Mexfam y la Red Oaxaqueña de Mujeres Indígenas exigieron un presupuesto suficiente y progresivo tanto a nivel estatal como nacional. Llamaron a las autoridades a priorizar la programación de acciones concretas para garantizar el acceso universal al aborto seguro, especialmente en cumplimiento de la resolución de la SCJN.
Para estas organizaciones, la falta de presupuesto y acción refleja una política pública vacía de contenido real, definida por ellas como una forma de demagogia.