Nuevo choque entre Poderes de la Unión por candidaturas judiciales en suspenso
Por David Ortega
El conflicto entre los Poderes de la Unión en México ha escalado nuevamente, esta vez debido a la suspensión del proceso de selección de candidatos para la elección judicial de junio próximo. La decisión, tomada por el Comité de Evaluación del Poder Judicial de la Federación (CEPJF), responde a una suspensión definitiva otorgada por un juez en Michoacán, dejando en vilo la renovación de jueces, magistrados y ministros.
El CEPJF argumentó que, de ignorar la orden judicial, sus integrantes podrían enfrentar cargos por desacato conforme a la Ley de Amparo. En consecuencia, las entrevistas y exámenes a los aspirantes inscritos, que debían comenzar el 14 de enero, quedaron cancelados hasta que se resuelva la medida cautelar.
«Las suspensiones y órdenes judiciales en un Estado de derecho deben cumplirse», afirmó en entrevista la magistrada María Emilia Molina, integrante del CEPJF. Sin embargo, reconoció la incertidumbre: «No sabemos cuánto tiempo durará esta medida ni si se revocará o modificará».
Una batalla judicial en curso
El amparo, identificado con el número 1074/2024, fue concedido por el juez Primero de Distrito en Michoacán y ha sido impugnado por diversas instituciones, como el Instituto Nacional Electoral (INE) y la Fiscalía General de la República (FGR). No obstante, los recursos aún no han sido asignados a un tribunal colegiado debido a errores administrativos.
El tiempo apremia: el 7 de febrero es la fecha límite para que el PJF envíe al Senado las listas de candidatos. Si el tribunal colegiado no revoca la suspensión antes de esa fecha, el Poder Judicial se quedará sin candidatos para la elección extraordinaria de este año.
Noroña y la improvisación política
En un movimiento controversial, el presidente del Senado, Gerardo Fernández Noroña, sugirió que el Comité de Evaluación del Poder Legislativo asuma la postulación de los candidatos, a pesar de que la Constitución no lo contempla. Esta propuesta ha generado preocupación entre los defensores de la independencia judicial.
“No entiendo por qué no está así en las reglas constitucionales”, comentó la magistrada Molina, quien añadió que este tipo de improvisaciones reflejan un posible intento por centralizar el poder.
Una disputa con implicaciones profundas
El CEPJF no es la única entidad afectada. Mientras los comités del Legislativo y Ejecutivo han decidido ignorar la suspensión, apoyándose en una opinión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) que establece que las suspensiones de amparo no detienen procesos electorales, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) ha recibido una contradicción de criterios que deberá resolver.
La magistrada Molina advirtió sobre los riesgos que esta situación implica para el Estado de derecho: “La certeza jurídica no solo depende de las resoluciones judiciales, sino de que las partes involucradas las acaten”.
Un régimen bajo escrutinio
El enfrentamiento entre los Poderes Ejecutivo y Legislativo con el Judicial no es nuevo, pero este conflicto subraya una tendencia preocupante hacia el autoritarismo. Según Molina, «los regímenes autoritarios suelen atacar primero la independencia judicial, porque los tribunales son la última línea de defensa contra el abuso de poder».
La magistrada concluyó que la crisis actual refleja no solo una falta de coordinación entre los poderes, sino también un debilitamiento de las instituciones democráticas: «Estamos ante un escenario que exige, más que nunca, el respeto irrestricto al marco constitucional y al principio de división de poderes».