México enfrenta retos cruciales en la transición energética justa

El gobierno mexicano ha intensificado sus esfuerzos para cumplir con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París y la Ley de Transición Energética. Sin embargo, la implementación enfrenta serios desafíos, desde conflictos sociales hasta la falta de infraestructura adecuada para energías renovables.

Un aspecto crítico es el cumplimiento de la meta del 35% de generación de energía limpia para 2024. Actualmente, el país se encuentra rezagado, con un avance limitado en la instalación de nuevas capacidades de energías renovables. Las principales tecnologías en desarrollo incluyen proyectos solares, eólicos y de biomasa, aunque su progreso ha sido lento debido a la falta de incentivos adecuados y a la incertidumbre regulatoria.

Además, existen problemas sociales relacionados con proyectos eólicos y solares, especialmente en el Istmo de Tehuantepec, donde las comunidades indígenas han denunciado desplazamientos, falta de consultas adecuadas y conflictos por el uso de sus tierras, lo cual contraviene el Convenio 169 de la OIT. Estas tensiones han generado una mayor resistencia hacia los desarrollos energéticos, afectando la confianza en los proyectos y retrasando su ejecución.

Para avanzar, es fundamental garantizar una transición energética que no solo se centre en la reducción de emisiones, sino que también incorpore principios de justicia social y económica. Esto incluye mejorar la regulación para dar mayor certidumbre a las inversiones, fomentar proyectos sostenibles que respeten el medio ambiente y las comunidades, y asegurar la participación activa de las comunidades afectadas en las decisiones. Asimismo, es crucial aumentar la inversión en infraestructura moderna y fortalecer los mecanismos de diálogo con los actores locales, logrando así un equilibrio entre desarrollo económico y sostenibilidad ambiental.