Los derechos reproductivos como un tema de justicia
El derecho a un aborto seguro y legal es fundamental para garantizar la autonomía y la salud de las mujeres. Este derecho no solo tiene que ver con la capacidad de decidir sobre sus cuerpos, sino también con la posibilidad de planificar su futuro sin la imposición de decisiones externas. En un contexto donde los derechos reproductivos siguen siendo un tema de discusión polarizado, se deben reconocer como parte integral de los derechos humanos y la salud pública.
Recientemente, durante una conversación con un hombre adulto, me comentó que, si bien los derechos reproductivos son importantes, temas como la delincuencia deben ser una prioridad antes que cuestiones como el aborto. Este tipo de comentarios, aparentemente razonables, esconden una visión equivocada sobre cómo funcionan las políticas públicas. Es cierto que los problemas estructurales del país son graves, pero esto no debe impedirnos abordar diferentes temas de manera paralela. En un sistema burocrático, las políticas públicas pueden y deben avanzar simultáneamente en diversas áreas. No es cuestión de priorizar un tema por encima de otro, sino de tener una visión integral que considere los derechos de todos los grupos sociales, especialmente los más vulnerables.
El derecho al aborto seguro y legal debe ser entendido como una cuestión de salud pública, no como una causa identitaria ni como una demanda del movimiento feminista exclusivamente. El acceso al aborto no solo afecta a mujeres que están directamente involucradas en el proceso, sino que impacta en toda la sociedad. Según un artículo de El PAÍS, en Chile entre 30,000 y 150,000 abortos clandestinos ocurren anualmente, afectando principalmente a jóvenes, adolescentes, mujeres pobres y migrantes. Estos datos reflejan una realidad alarmante: las mujeres más vulnerables, aquellas que carecen de recursos o acceso a servicios de salud, son las que más sufren las consecuencias de la ilegalidad del aborto.
Es imprescindible entender que la ilegalidad del aborto no desaparece por el simple hecho de prohibirlo. Solo crea un entorno en el que las mujeres se ven obligadas a recurrir a métodos inseguros, poniendo en riesgo su salud y su vida. Esta situación refleja una profunda desigualdad, donde las mujeres más pobres y vulnerables son las que más sufren. Por ello, el aborto debe dejar de ser tratado como una causa «política» o «de valores», y debe ser reconocido como un derecho fundamental para todas las mujeres, sin importar su condición social, económica o migratoria.
Además, la negativa a legalizar el aborto, como la que expresan ciertos sectores políticos, refleja una falta de comprensión de la realidad social y de salud pública que enfrentan muchas mujeres. Es indignante y preocupante ver cómo en pleno siglo XXI, figuras políticas continúan promoviendo posturas que no solo son retrógradas, sino que ponen en riesgo la vida de miles de mujeres.
Es hora de poner los derechos reproductivos en el centro del debate político y social, no solo como una “agenda secundaria”, sino como una prioridad que afecta directamente a la vida y bienestar de millones de mujeres en todo el mundo. Solo a través de políticas públicas inclusivas y justas podremos garantizar una sociedad más equitativa, en la que todas las mujeres puedan decidir libremente sobre su cuerpo y su futuro.