La Suprema Corte de Justicia de México y el Impacto Constitucional de los Crímenes de Lesa Humanidad

noviembre 29, 2024
La Suprema Corte de Justicia de México y el Impacto Constitucional de los Crímenes de Lesa Humanidad

En una sentencia histórica, la Suprema Corte de Justicia de la Nación de México ha incorporado al derecho nacional los crímenes de lesa humanidad, estableciendo un precedente fundamental para la justicia en el país. En el Amparo en Revisión 406/2023, se abordó el caso de víctimas de violaciones a derechos humanos que impugnaron la decisión de la Fiscalía General de la República de no ejercer acción penal debido a la prescripción, atipicidad e irretroactividad de ciertos delitos vinculados a los crímenes cometidos durante la «Guerra Sucia» (finales de los 70 y 80).

La sentencia resulta clave porque, por primera vez, se reconoce judicialmente que los crímenes de lesa humanidad, perpetrados por agentes del Estado durante este periodo, deben ser tratados con una nueva perspectiva, eliminando las barreras jurídicas tradicionales que dificultaban su investigación y enjuiciamiento.

Crímenes de lesa humanidad durante la Guerra Sucia

Entre las violaciones a derechos humanos documentadas, se destacan las detenciones ilegales, torturas, desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias y desplazamientos forzados de población, ocurridos bajo la política contrainsurgente del gobierno de México. La sentencia subraya que estas violaciones constituyen crímenes de lesa humanidad, cometidos sistemáticamente y de manera generalizada contra civiles por el Estado o bajo su instigación.

La Corte hace referencia a documentos clave, como el informe de la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado y el informe de la Comisión de la Verdad del Estado de Guerrero, los cuales evidencian la magnitud de estas atrocidades. También resalta que, aunque estos crímenes no estuvieran tipificados en la legislación mexicana de la época, ya estaban claramente definidos en el derecho internacional consuetudinario, lo que permite su aplicación retroactiva sin contravenir el principio de no retroactividad de la ley penal.

Implicaciones jurídicas y constitucionales

Uno de los aspectos más significativos de la sentencia es que reconoce la imprescriptibilidad de los crímenes de lesa humanidad, en consonancia con normas internacionales, como la Convención Internacional sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad de 1968. A pesar de que las violaciones a derechos humanos ocurridas durante la Guerra Sucia no estaban tipificadas en el Código Penal mexicano en ese momento, la Corte considera que estas acciones masivas y sistemáticas deben ser investigadas y procesadas, evitando la impunidad.

La sentencia también destaca que, dado que los crímenes de lesa humanidad son normas de ius cogens, México tiene la obligación constitucional e internacional de perseguir penalmente a los responsables, sin que puedan prevalecer figuras jurídicas nacionales como la prescripción, la amnistía, el indulto, o la inmunidad por cargo oficial, que impidan la justicia.

El papel del Estado y la Fiscalía General

Este fallo representa una clara obligación para el Estado mexicano, en particular para la Fiscalía General de la República, de cumplir con el mandato de investigar, procesar y sancionar a los responsables de los crímenes de lesa humanidad cometidos durante la «Guerra Sucia» y, más recientemente, durante la «guerra contra las drogas» iniciada en 2006. Las autoridades deberán actuar con la debida diligencia para garantizar el derecho a la verdad y el acceso a la justicia de las víctimas, y eliminar cualquier obstáculo jurídico que impida el ejercicio de la acción penal.

Conclusión

La sentencia de la Suprema Corte establece un precedente importante al reconocer la existencia de crímenes de lesa humanidad cometidos por el Estado mexicano y subraya las obligaciones internacionales del país para combatir la impunidad. Este fallo no solo refuerza la justicia histórica para las víctimas de la «Guerra Sucia», sino que también marca un hito para la justicia en México, abriendo el camino para la resolución de crímenes de lesa humanidad y protegiendo los derechos humanos de las futuras generaciones.