La Reforma Constitucional que Redefine el Derecho a la Información en México
En diciembre de 1977, el Congreso de la Unión aprobó una reforma histórica al artículo sexto constitucional, que agregó una importante frase: «El derecho a la información será garantizado por el Estado». Esta modificación marcó el inicio de un proceso que transformaría el acceso a la información en un derecho fundamental para los ciudadanos, un paso clave que se consolidó con la reforma política impulsada por el presidente López Portillo.
Originalmente, esta garantía se dirigía a los partidos políticos. Sin embargo, a lo largo de las décadas, la interpretación de este derecho cambió, especialmente en los años 90, cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación amplió su alcance, transformándolo en una prerrogativa para todas las personas.
En junio de 2002, la aprobación de la Ley Federal de Transparencia dio lugar al nacimiento del IFAI (Instituto Federal de Acceso a la Información), un organismo que consolidó el acceso a la información pública como un derecho ciudadano. Este cambio también se reflejó en los estados, con la promulgación de la Ley de Información Pública en Tamaulipas en 2004, la cual facultó al Tribunal Fiscal local para garantizar este derecho.
Una de las reformas más trascendentes ocurrió en 2007, cuando la reforma constitucional definió los principios del derecho a la información e introdujo la creación de «órganos especializados» como el Itait en 2008. Esta estructura institucional se consolidó aún más con la reforma de 2014, que estableció que tanto la Federación como los estados y la Ciudad de México contarían con organismos autónomos responsables de garantizar la transparencia, todos integrados en el Sistema Nacional encabezado por el INAI.
No obstante, con la reforma constitucional publicada el 20 de diciembre de 2024, se han reconfigurado las estructuras encargadas de garantizar el derecho a la información y la protección de los datos personales. Si bien estos derechos continúan siendo garantizados, ahora serán responsabilidad de las contralorías de los tres Poderes del Estado y los tres niveles de gobierno, lo que implica el fin de la existencia del INAI.
Este cambio marca el inicio de un periodo de transición, ya que, según la reforma, el Congreso tiene un plazo de 90 días naturales para aprobar las modificaciones legales necesarias. Con la expedición de estas nuevas leyes, el INAI será disuelto, dejando en su lugar un nuevo sistema que redistribuye las responsabilidades relacionadas con la transparencia y el acceso a la información.
Este movimiento podría representar un cambio significativo en la manera en que se gestionan estos derechos fundamentales en México, y su implementación y efectos se seguirán de cerca durante los próximos meses.