La nueva Ley Agraria también promueve la esclavitud moderna: Sunafil no podrá entrar a fiscalizar terrenos de la agroindustria

La nueva Ley Agraria, que será revisada el próximo viernes en la Comisión Permanente del Congreso de la República, ha generado fuertes críticas debido a las limitaciones que impone sobre la capacidad de fiscalización de la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (Sunafil) en el sector agroexportador. Esta medida afectaría gravemente la lucha contra los abusos laborales en las grandes agroexportadoras, uno de los sectores más importantes para la economía peruana.

La ley, que busca promover la transformación y sostenibilidad del sector agrario, establece que Sunafil solo podrá realizar una inspección por cada cuatro ejecutadas en el sector agrario. Esta restricción permitiría que las grandes agroexportadoras eviten una fiscalización adecuada, lo que abre la puerta a la posible explotación laboral y la perpetuación de condiciones de trabajo inhumanas, similar a la esclavitud moderna.

La disposición se encuentra en la tercera disposición complementaria final del dictamen, que forma parte de varios proyectos de ley relacionados con la agroindustria. La medida se justifica bajo el argumento de fomentar la formalización laboral en el sector agrario, pero al concentrar las acciones de Sunafil únicamente en empresas informales, se deja a las grandes agroexportadoras fuera del alcance de la supervisión necesaria.

Este hecho ha sido impulsado por congresistas del norte del país, como Cruz Zeta Chunga, Eduardo Castillo, Miguel Ciccia y Roberto Kamiche, quienes en su mayoría representan a regiones con una fuerte presencia de grandes agroexportadoras. El impacto de esta ley sería devastador, ya que podría perpetuar prácticas laborales abusivas en el sector, como la subcontratación, la no remuneración adecuada y las condiciones insostenibles de trabajo en las plantaciones.