Empresarios urgen al Congreso a aprobar la Ley General de Seguridad Privada para fortalecer la protección en México
El presidente de las Agrupaciones de Seguridad Unidas por un México (ASUME), Armando Zúñiga Salinas, instó al Congreso a aprobar la Ley General de Seguridad Privada, destacando que esta legislación es esencial para complementar a las fuerzas públicas en un contexto de creciente inseguridad en el país.
Una ley pendiente desde 2021
Desde mayo de 2021, una reforma constitucional facultó al Congreso para expedir esta ley. Sin embargo, el plazo venció en noviembre del mismo año y su promulgación sigue pendiente. Según Zúñiga, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana ha avanzado en el proyecto bajo el liderazgo de Omar García Harfuch, pero la aprobación aún está en espera.
“La seguridad privada desempeña un papel indispensable para la tranquilidad de las personas y el desarrollo económico de México. Con esta ley, podríamos garantizar servicios más confiables y efectivos, reducir riesgos, atraer inversiones y fortalecer la colaboración entre los sectores público y privado”, señaló.
Beneficios y retos del sector
La Ley General de Seguridad Privada busca unificar un marco regulatorio actualmente fragmentado en 32 leyes estatales y cientos de reglamentos municipales, que generan más de 500 contradicciones legales. Esta situación fomenta la corrupción, la competencia desleal y afecta la calidad del servicio.
“El sector cuenta con más de 600,000 elementos y podría generar hasta un millón de empleos con condiciones laborales dignas y certificaciones adecuadas. Sin embargo, operamos bajo un esquema normativo obsoleto que permite la existencia de empresas informales, poniendo en riesgo a ciudadanos y empresas”, explicó el empresario.
Un paso hacia la seguridad integral
La ley permitiría mejorar la calidad de los servicios de seguridad privada mediante estándares homologados y empresas certificadas. Esto contribuiría a combatir la informalidad y aumentar la confianza de los usuarios en un sector clave para la percepción de seguridad en el país.
Zúñiga destacó que la inseguridad pública ha llevado a la seguridad privada a desempeñar un papel crucial en la protección de empresas, zonas residenciales e instituciones, pero el marco legal actual no garantiza la supervisión necesaria para su correcto funcionamiento.
“La Ley General de Seguridad Privada sería un pilar fundamental en la estrategia de seguridad del país, al fortalecer la colaboración entre el gobierno y el sector privado para construir un entorno más seguro y ordenado”, concluyó.