El papel del derecho privado en asuntos de interés público: la sentencia sobre alquileres turísticos
El derecho privado, históricamente centrado en la regulación de relaciones entre particulares, está mostrando un potencial renovado para abordar problemáticas de interés público. Este enfoque es particularmente relevante en contextos contemporáneos que demandan una interacción más fluida entre las distintas ramas del derecho y las políticas públicas.
Un ejemplo paradigmático es el fallo del Tribunal Supremo de España del 3 de octubre de 2024, que aborda la validez de un pacto comunitario para prohibir los alquileres turísticos. Esta sentencia reconoce cómo acuerdos privados pueden alinearse con objetivos públicos, estableciendo un precedente sobre la relación entre derechos individuales y la función social de la propiedad.
La crisis habitacional y los pactos privados
España enfrenta una severa crisis de vivienda, especialmente en ciudades con alta afluencia turística. En este contexto, el Tribunal Supremo analizó si una comunidad de propietarios podía prohibir los alquileres turísticos mediante un acuerdo interno. La decisión concluyó que tal pacto no contraviene el artículo 17.12 de la Ley de Propiedad Horizontal ni el artículo 33 de la Constitución española.
El fallo subraya que la función social de la propiedad justifica restricciones que favorezcan la disponibilidad de viviendas para uso habitacional. Así, un acuerdo privado se convierte en una herramienta para promover el interés público, como lo establece también el Real Decreto Ley 7/2019 de medidas urgentes en materia de vivienda y alquiler.
El derecho privado como puente hacia objetivos colectivos
Este caso resalta cómo el derecho privado puede integrarse en el diseño de soluciones para problemas sociales complejos. Al validar acuerdos que limitan actividades privadas, como los alquileres turísticos, en favor de necesidades colectivas, se amplía la capacidad de esta rama para abordar cuestiones como el acceso a la vivienda, la protección ambiental o la equidad en el consumo.
En el ámbito comparado, doctrinas como la drittwirkung en derechos fundamentales o el carácter protector del derecho del consumo ya han demostrado que el derecho privado puede ser un mecanismo eficaz para garantizar derechos y corregir desigualdades.
Reflexión interdisciplinar y futuro del derecho privado
La sentencia española ejemplifica un cambio necesario en el enfoque jurídico: abandonar categorías rígidas y explorar intersecciones entre el derecho privado y las políticas públicas. Esto invita a reconsiderar cómo acuerdos entre particulares pueden servir de apoyo para objetivos sociales, desde la sostenibilidad hasta la justicia social.
En contextos como el chileno, donde también se debate la validez de pactos contra arriendos turísticos, esta decisión abre un camino para reflexionar sobre el potencial del derecho privado en la construcción de soluciones inclusivas y sostenibles.
En definitiva, el derecho privado no solo regula relaciones entre individuos, sino que tiene el potencial de ser un instrumento clave para enfrentar desafíos colectivos, aportando a un enfoque interdisciplinar necesario para abordar las crisis globales del presente y del futuro.