El nuevo juego constitucional
En tan solo cuatro meses, el órgano reformador de la Constitución, bajo el control de Morena y sus aliados, aprobó 16 decretos que modificaron 72 artículos constitucionales, algunos de ellos más de una vez. Este proceso, inédito por su alcance, impacto y velocidad, aún no ha terminado, ya que existen otras reformas en espera de ser implementadas.
Modificar la Constitución implica alterar el entramado legal del país, lo que lleva a una compleja actividad de creación normativa. Se deben expedir nuevas leyes o reformar las existentes, y también adaptar las disposiciones reglamentarias y las normas administrativas. Este proceso de implementación es largo, pero va más allá de los cambios legislativos: las reformas impulsadas tras las elecciones de junio nos han llevado a un nuevo escenario constitucional.
Este nuevo marco altera radicalmente la división de poderes que surgió tras la “transición democrática”. El actual régimen constitucional concentra una gran cantidad de facultades, tanto formales como metaconstitucionales, en la Presidencia de la República y en la administración pública federal. Por otro lado, el Poder Legislativo, dominado por un solo partido, ha reducido a la oposición a un papel decorativo. La reforma judicial ha limitado severamente las funciones de control y contrapeso del Poder Judicial Federal, especialmente de la Suprema Corte de Justicia. Además, han desaparecido diversas autonomías constitucionales, y el federalismo ha cedido, casi sin resistencia, al poder central.
Las Fuerzas Armadas, por su parte, han asumido un papel protagónico en la seguridad pública y tienen ahora atribuciones que antes correspondían a autoridades civiles. Un aspecto relevante es que el programa social de la Cuarta Transformación (4T) se ha convertido en un mandato constitucional. En este nuevo contexto, el poder reformador de la Constitución ya no tiene límites más allá de los dictados por la realidad política.
Las consecuencias de estas reformas son difíciles de prever. Implementarlas llevará tiempo, y hay muchas incógnitas sobre el proyecto político que subyace a estos cambios. Sin embargo, lo que es claro es que estamos frente a un cambio de paradigma en la concepción del Estado de derecho. Anteriormente, las normas eran vistas como guías para la conducta y limitaciones al ejercicio del poder, con la interpretación de la ley en manos de los jueces, especialmente del tribunal constitucional. Ahora, el significado y la aplicación de las normas dependerán más de principios políticos y de la orientación general del gobierno. Lo esencial es comprender que el juego constitucional ha cambiado, y que las reglas apenas están comenzando a definirse.