El impacto de los juegos de azar online y los desafíos del derecho penal
Por Laura Martínez y Santiago López
Los juegos de azar online se han convertido en una industria multimillonaria que, gracias a su crecimiento exponencial, ha traspasado fronteras y planteado desafíos significativos para la regulación y el derecho penal. El fácil acceso a estas plataformas ha facilitado prácticas ilícitas como la evasión fiscal, el lavado de dinero y la adicción, afectando a menores de edad y a personas vulnerables.
Ante esta problemática, el proyecto de reforma del Código Penal de 2024 introduce dos disposiciones clave: el artículo 301, que regula los juegos de azar no autorizados, y el artículo 480, que sanciona la corrupción deportiva relacionada con las apuestas.
El desafío de los juegos de azar no autorizados
El artículo 301 del proyecto busca combatir la operación de plataformas de juegos de azar sin autorización legal. Según la norma:
“ARTÍCULO 301.- Se impondrá prisión de TRES (3) a SEIS (6) años y multa de DOS (2) a CINCO (5) veces del monto o valor del beneficio obtenido, al que explotare, administrare, operare o de cualquier manera organizare, por sí o a través de terceros, cualquier modalidad o sistema de captación de juegos de azar sin contar con la autorización pertinente emanada de la autoridad jurisdiccional competente”.
En casos donde las apuestas involucren a menores, las penas aumentan a hasta ocho años de prisión y multas de hasta ocho veces el valor de los beneficios obtenidos. Este enfoque protege a los sectores más vulnerables, especialmente a los menores, y actúa como un mecanismo disuasorio contra prácticas ilegales.
La falta de regulación en este ámbito no solo afecta a los consumidores, quienes muchas veces son víctimas de fraudes, sino también a los Estados, que pierden ingresos fiscales y enfrentan mayores desafíos para proteger el interés público.
Corrupción deportiva y apuestas: el artículo 480
El artículo 480 del proyecto aborda específicamente la corrupción deportiva asociada a las apuestas. Establece penas de seis meses a cinco años de prisión, además de inhabilitación especial, para quienes influyan de manera corrupta en el desarrollo de competencias deportivas con fines de beneficio en apuestas.
La norma señala:
“ARTÍCULO 480.- La pena será de SEIS (6) meses a CINCO (5) años de prisión, SEIS (6) a SESENTA (60) días-multa e inhabilitación especial por el doble del tiempo de la condena a prisión, si:
1º) El autor se dedicare con habitualidad a la comisión de alguno de los hechos descriptos en los párrafos primero y segundo del artículo 479;
2º) El hecho tuviere como finalidad influir en el desarrollo de juegos de azar o apuestas”.
Este artículo destaca la relación entre las apuestas ilegales y la manipulación de resultados deportivos, lo que daña la integridad del deporte y fomenta circuitos de corrupción que afectan a toda la industria.
Una visión integral para la regulación
La regulación de los juegos de azar online requiere un enfoque que combine medidas preventivas con sanciones efectivas. Es fundamental que el derecho penal contemple no solo la sofisticación tecnológica de estas plataformas, sino también la protección de las víctimas.
Además, es indispensable una respuesta coordinada que involucre a organismos regulatorios, plataformas tecnológicas y esfuerzos educativos. Solo así será posible garantizar un entorno más seguro y transparente para todos los actores.
El proyecto de reforma no solo busca sancionar conductas ilícitas, sino también sentar las bases para un marco legal adaptado a los retos del entorno digital, protegiendo la confianza social y la integridad institucional frente a este fenómeno en expansión.