Diputada propone agravar penas por cobro de piso en Baja California
En respuesta al aumento de los casos de cobro de piso en Baja California, la diputada panista Santa Alejandrina Corral Quintero presentó una iniciativa para reformar el Código Penal estatal. La propuesta busca incorporar esta práctica como una circunstancia agravante del delito de extorsión, endureciendo las penas para quienes la cometan.
Cobro de piso: una amenaza creciente
En su iniciativa, Corral Quintero subrayó cómo esta forma de extorsión, también conocida como “derecho de piso”, se ha convertido en un problema extendido que afecta gravemente a comerciantes, empresarios y ciudadanos en general. Los delincuentes exigen pagos periódicos bajo la amenaza de violencia física, secuestros o incluso asesinatos, generando un clima de miedo e impunidad en las comunidades afectadas.
“Es imperativo actualizar nuestras leyes para que las autoridades cuenten con herramientas más efectivas para combatir a estos delincuentes, que operan bajo un esquema de poder extralegal, perjudicando a las familias y la economía de nuestra entidad”, enfatizó la diputada.
Diferencia entre extorsión y cobro de piso
Aunque el cobro de piso comparte similitudes con la extorsión, Corral Quintero destacó que son delitos con matices diferentes. Mientras que la extorsión está tipificada en el Código Penal como el acto de obligar a alguien a realizar u omitir acciones en perjuicio de su patrimonio mediante amenazas, el cobro de piso implica un esquema más sistemático y recurrente, dirigido especialmente a sectores comerciales y empresariales.
Actualmente, el Código Penal de Baja California establece una pena de siete a doce años de prisión y hasta 400 días de multa para el delito de extorsión. Sin embargo, la reforma propuesta por Corral Quintero plantea penas más severas cuando el cobro de piso esté involucrado, especialmente si las víctimas son propietarios, empresarios o socios de negocios.
Impacto en la sociedad y la economía
El cobro de piso afecta no solo a las víctimas directas, sino también a la economía y la estabilidad social de las comunidades. Corral Quintero señaló que esta práctica ha forzado a muchos comerciantes a cerrar sus negocios o a operar bajo condiciones de constante temor.
La propuesta incluye la necesidad de definir claramente este delito en la legislación estatal, diferenciándolo de la extorsión tradicional y brindando a las autoridades elementos legales para actuar con mayor eficacia contra los responsables.
Un paso hacia la prevención y la justicia
La diputada hizo un llamado a sus colegas legisladores para priorizar esta reforma, destacando que el endurecimiento de las penas no solo busca sancionar a los responsables, sino también prevenir futuros delitos y proteger a las comunidades más vulnerables.
“La reforma no es la solución total, pero es un paso crucial hacia la justicia y la recuperación de la tranquilidad de nuestra sociedad. No podemos permitir que los delincuentes sigan operando con total impunidad”, concluyó Corral Quintero.
De aprobarse, esta iniciativa podría convertirse en un referente para otras entidades del país que enfrentan problemas similares, estableciendo un precedente en la lucha contra el cobro de piso y la extorsión.