Abogado de Evo Morales asegura que la orden de aprehensión fue anulada
El equipo legal del expresidente boliviano Evo Morales ha logrado anular la orden de aprehensión emitida en su contra el 16 de octubre de 2024. Esto fue posible gracias a una acción de libertad aprobada por una sala constitucional en Santa Cruz, según informó su abogada Cecilia Urquieta. Esta es la segunda vez que los abogados de Morales presentan un recurso para evitar su captura, ya que anteriormente, en septiembre de 2024, una orden similar también fue anulada.
La orden de aprehensión fue emitida por la Fiscalía de Tarija después de que Morales no se presentara a declarar ante los fiscales. En su lugar, uno de sus abogados presentó un memorial justificando la ausencia debido a la falta de garantías. Posteriormente, la fiscal Sandra Gutiérrez emitió una nueva orden, que fue conocida públicamente a fines de noviembre, pero no fue notificada a la Policía.
El abogado Marcelo Galván destacó que la anulación de la orden de aprehensión explica la falta de acción de la Policía, pues sin una orden válida y vigente no pueden proceder. Además, señaló que las declaraciones del ministro de Gobierno y de la Policía fueron ambiguas, ya que sabían que no podían ejecutar la orden sin su validez.
Morales se encuentra en la región cocalera de Chapare, bajo la protección de sus seguidores, quienes han creado un «anillo de seguridad» que impide su captura. En paralelo, las autoridades han emitido una alerta migratoria en su contra, ya que se le investiga por un caso relacionado con un presunto abuso ocurrido en 2016, cuando habría tenido una hija con una adolescente de 15 años. La denuncia también involucra a los padres de la joven, quienes se encuentran bajo investigación por complicidad.
A pesar de las acusaciones, Morales y su entorno político niegan las acusaciones y afirman que el gobierno de Luis Arce está utilizando la justicia para eliminarlo del escenario político. La fiscal Gutiérrez indicó que, de ser hallado culpable, Morales podría enfrentar una pena de entre 10 y 15 años de prisión.