Daniel Ortega propone ley para reforzar el control gubernamental sobre los bancos de Nicaragua
El presidente de Nicaragua, Daniel Ortega, ha presentado ante el Congreso un proyecto de ley que busca otorgar al gobierno un mayor control sobre el sistema bancario del país. La iniciativa, denominada «Ley de administración del sistema monetario y financiero», contempla facultades para intervenir instituciones financieras, destituir directivos y supervisar flujos de capital.
De ser aprobada, la ley otorgará a la Superintendencia de Bancos, una entidad bajo control gubernamental, amplias capacidades para regular y fiscalizar el sistema bancario privado. Entre las disposiciones, se incluye la potestad de declarar inválidos nombramientos de directivos, gerentes y auditores internos de las entidades financieras por «razones que determine» la autoridad. Asimismo, se permitirá la destitución de altos cargos por «infracciones graves», aunque la propuesta no detalla los criterios específicos para dichas sanciones.
Otro aspecto relevante del proyecto es la obligación de obtener autorización de la Superintendencia para realizar aportes de capital o traspasos accionarios, bajo la condición de que esta evalúe la legalidad de los recursos involucrados.
La iniciativa se da por aprobada, considerando que la Asamblea Nacional está controlada por el partido oficialista Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN). Esta propuesta se suma a una serie de medidas implementadas por Ortega en los últimos años para consolidar el control político, económico y social en Nicaragua.
Contexto y antecedentes
Desde las protestas de 2018, en las que la ONU estima que murieron más de 300 personas, Ortega ha enfrentado sanciones internacionales por parte de Estados Unidos, Canadá y la Unión Europea. Estas sanciones apuntan a funcionarios y entidades nicaragüenses acusados de respaldar la represión y violaciones a los derechos humanos.
Daniel Ortega, quien lideró el país tras la revolución sandinista en la década de 1980, ha permanecido en el poder desde 2007, gracias a sucesivas reelecciones, la más reciente en 2021, en un contexto marcado por la persecución a opositores y el exilio de líderes críticos.
El proyecto de ley ha generado preocupación entre analistas y críticos del gobierno, quienes temen que estas medidas profundicen la concentración del poder y reduzcan la independencia del sistema bancario, una pieza clave para el equilibrio económico del país.