El incierto futuro del acceso a la información
Por Iván Ernesto Báez Martínez
Desaparición de los órganos autónomos y el acceso a la información
La desaparición de varios órganos constitucionales autónomos (OCA) ha limitado nuestra capacidad para reflexionar sobre su desempeño y funciones. A excepción de la Comisión de Competencia Económica, que será reemplazada por una nueva autoridad, persisten muchas dudas sobre el futuro de los otros OCA extintos.
Uno de los casos más preocupantes es el del derecho de acceso a la información. Para comprender el problema, es necesario repasar un poco de historia. Durante el régimen priista, este derecho fue un tema tabú. No fue sino hasta después de la elección de 2000 que se logró superar la resistencia política. En 2002, se aprobó por unanimidad la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública.
El diseño del acceso a la información en sus inicios
La ley creó un procedimiento administrativo descentralizado, fácil de activar y relativamente rápido para los ciudadanos. Sin embargo, el reto fue garantizar un mecanismo de control eficaz y accesible, dado que el recurso judicial no era adecuado debido a sus costos y tiempos.
La solución fue crear un órgano administrativo con facultades cuasi judiciales, capaz de resolver rápidamente los recursos de revisión en caso de una negativa de acceso. Así nació el Instituto Federal de Acceso a la Información (IFAI), un organismo autónomo que se consolidó como pilar del modelo mexicano de acceso a la información.
El éxito del IFAI se debió a tres factores clave: un buen diseño jurídico, la autonomía real del organismo y la voluntad política para implementarlo. Este modelo gestionó más de un millón de solicitudes de acceso, permitiendo que muchos temas se hicieran públicos. Aunque no era perfecto, representó un avance significativo. Su objetivo no era eliminar la corrupción, sino visibilizarla. Y logró hacerlo.
Los riesgos del retroceso en el acceso a la información
El paso del IFAI al INAI en 2014, con autonomía constitucional y cobertura nacional, no era estrictamente necesario, aunque el diseño de dicho modelo podría ser debatido. Sin embargo, el desmantelamiento de este sistema y el regreso al modelo anterior a 2014 podría suponer un retroceso. Sin un mecanismo confiable para resolver las negativas de acceso, los ciudadanos enfrentarían un sistema más lento, costoso y menos efectivo.
La pregunta es: ¿Quién se encargará ahora de resolver los recursos de revisión y con qué nivel de autonomía? ¿Será la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno la responsable de estas funciones, o se delegarán al Tribunal Federal de Justicia Administrativa?
El futuro del acceso a la información: esperanza y desafíos
Aunque el panorama es incierto, no todo está perdido. El futuro dependerá del diseño de la legislación secundaria y de la voluntad política para mantener los avances logrados. No obstante, las señales actuales no son alentadoras. El riesgo de retroceder en la protección de este derecho es real. El acceso a la información es un derecho fundamental que debe seguir fortaleciéndose, no disminuyendo.