El reconocimiento de la capacidad jurídica de las personas con discapacidad: clave para garantizar sus derechos
La plena inclusión de las personas con discapacidad en el ejercicio de sus derechos pasa necesariamente por el reconocimiento de su capacidad jurídica, señaló la Ombudsperson capitalina, Nashieli Ramírez Hernández. Durante su participación en el 6to Encuentro Internacional “Tarea pendiente: garantizar el goce, ejercicio y acceso a la capacidad jurídica de personas con discapacidad intelectual”, destacó la importancia de abordar este tema desde una perspectiva interseccional que considere factores como género, edad, origen étnico y lengua, así como las necesidades específicas de niñas, niños y adolescentes.
Un principio fundamental para la dignidad y la igualdad
Ramírez Hernández subrayó que el reconocimiento de la capacidad jurídica es esencial para garantizar la dignidad y la igualdad de las personas con discapacidad. Este derecho, consagrado en el Artículo 12 de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, constituye la base para el ejercicio de otros derechos fundamentales, como votar, fundar una familia, contraer matrimonio, ejercer la patria potestad, tomar decisiones en el ámbito de la salud y determinar cómo vivir de manera independiente.
El desconocimiento de este principio ha dado lugar a graves violaciones de derechos humanos, privando a las personas con discapacidad de la posibilidad de tomar decisiones informadas sobre sus propias vidas.
Avances legislativos y retos pendientes
La entrada en vigor del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares en 2027 representa una oportunidad histórica para el cumplimiento de las obligaciones del Estado mexicano en esta materia. Según explicó Ramírez Hernández, este marco legal abre la puerta a la eliminación de figuras legales como la sustitución de voluntad, que hasta ahora han limitado el reconocimiento pleno de los derechos de las personas con discapacidad.
Para lograr este objetivo, será necesario armonizar las legislaciones estatales con el nuevo código, de modo que se reconozca la capacidad jurídica de todas las personas. Además, la implementación de ajustes procedimentales y sistemas de apoyo para la toma de decisiones es un paso indispensable hacia la construcción de una sociedad más inclusiva.
La capacidad jurídica en la práctica diaria
Más allá de los procedimientos legales, el reconocimiento de la capacidad jurídica debe reflejarse en la vida cotidiana. En el ámbito de la salud, por ejemplo, el consentimiento informado no debe reducirse a la firma de un documento, sino que debe garantizar una interacción genuina y respetuosa entre médico y paciente, donde las decisiones de la persona con discapacidad sean plenamente reconocidas y respetadas.
Un esfuerzo colectivo por la inclusión
El encuentro internacional contó con la participación de destacados especialistas en derechos humanos e inclusión, como Amalia E. Gamio Ríos, Vicepresidenta del Comité sobre Derechos de las Personas con Discapacidad de la ONU; Javier Quijano Orvañanos, Presidente del Consejo Directivo de CONFE; y Ricardo Ortega Soriano, Director del Departamento de Derecho de la Universidad Iberoamericana.
Juntos, subrayaron la importancia de trabajar en la implementación de sistemas de apoyo que permitan a las personas con discapacidad vivir de manera independiente y tomar decisiones informadas en todos los aspectos de su vida.
El reconocimiento pleno de la capacidad jurídica no es solo un compromiso legal, sino una herramienta para construir una sociedad donde todas las personas, sin importar sus condiciones, puedan ejercer sus derechos con autonomía y dignidad.