Crisis hídrica y la reforma a la Ley General de Aguas en México

México enfrenta una crisis hídrica severa que afecta al 82% del territorio nacional, con 157 de los 653 acuíferos en situación de sobreexplotación. Esta problemática representa uno de los mayores desafíos ambientales, sociales y económicos del país. En respuesta, el Congreso trabaja en una nueva Ley General de Aguas que busca reglamentar el derecho humano al agua, establecido en el artículo 4° constitucional, y establecer un marco integral para su gestión sostenible.

La reforma tiene como objetivo principal garantizar el acceso equitativo al agua potable, saneamiento adecuado y el uso sostenible de los recursos hídricos, priorizando tanto a las comunidades vulnerables como a los sectores productivos estratégicos. Entre las propuestas destacadas se encuentra la creación de un Sistema Nacional de Seguimiento Hídrico para monitorear en tiempo real la disponibilidad y calidad del agua. Asimismo, se plantea una reestructuración de la Comisión Nacional del Agua (Conagua) para fortalecer su capacidad de gestión y supervisión.

Otro eje central es la implementación de tarifas justas para el uso del agua en sectores como el agrícola, industrial y doméstico, buscando equilibrar el costo del recurso con su disponibilidad y conservación. Expertos también subrayan la importancia de tecnificar las zonas de mayor estrés hídrico, mejorar la infraestructura para el tratamiento y reúso de aguas residuales, y fomentar la educación ambiental para crear conciencia sobre el cuidado del agua.

Legisladores esperan discutir el dictamen antes de que finalice la legislatura actual, subrayando que esta reforma es clave para enfrentar los desafíos derivados del cambio climático, la sobreexplotación de los acuíferos y el crecimiento poblacional. La implementación de esta Ley General de Aguas marcaría un paso crucial hacia un futuro más equitativo y sostenible para México.