Leyes para proteger al poderoso: la reforma de la acusación popular
En el panorama político actual, las reformas parecen ser urgentes solo cuando convienen al poder establecido. La propuesta de ley presentada por el Partido Socialista, que busca restringir la acusación popular, es un ejemplo claro de cómo se diseñan las leyes en función de casos y personas concretas, dejando de lado el verdadero propósito de la justicia.
La Constitución de 1978 establece que los ciudadanos tienen el derecho de ejercer la acción popular en los procesos penales, pero esta reforma amenaza con desnaturalizar esta figura, que ha permitido destapar casos relevantes como Gürtel, Bárcenas, y los GAL. La acusación popular es una herramienta de fiscalización del ministerio fiscal y, aunque ha sido utilizada para abusos, también ha sido clave para llevar ante la justicia a personajes poderosos.
El objetivo de esta reforma es evidente: obstaculizar la acción judicial en casos que afectan directamente a los intereses de los más poderosos, especialmente cuando se trata de familiares cercanos al presidente del Gobierno. Esta reforma no es más que una maniobra para proteger a los poderosos y blindar su impunidad. Se argumenta, como siempre, que es para «homologarse con Europa», pero lo único que realmente se busca es evitar que la justicia actúe cuando más lo necesita la sociedad.
Con un contexto donde las reformas se diseñan para cubrir intereses específicos, es imposible no pensar que esta reforma, al igual que la ley de amnistía, responde a una estrategia política que tiene más que ver con la protección del poder que con el fortalecimiento de la justicia.