Proyecto de ley sobre inmigración del Senado podría alterar precedentes legales, impulsando tensiones entre estados y el gobierno federal
El Senado estadounidense debate la controversial Ley Laken Riley, un proyecto liderado por republicanos que busca transformar significativamente la aplicación de las leyes de inmigración, otorgando a los estados un poder sin precedentes para intervenir en decisiones federales. Esta propuesta ha generado intensas discusiones entre legisladores y expertos legales, quienes advierten sobre sus implicaciones radicales.
El proyecto, ya aprobado en la Cámara de Representantes, tiene como objetivo permitir que estados como Texas puedan emprender demandas contra el gobierno federal, incluso cuando estas acciones han sido previamente rechazadas por tribunales, incluidos los conservadores. Además, otorga a los fiscales generales de los estados la facultad de litigar sobre decisiones de liberación de migrantes detenidos y sancionar a países que no acepten la repatriación de sus ciudadanos.
Tensiones bipartidistas y apoyo inesperado
A pesar de la naturaleza divisiva de la medida, el proyecto avanza con respaldo bipartidista. Los demócratas, buscando recuperar terreno político tras los resultados adversos de las elecciones de 2024, han mostrado una postura más abierta al debate migratorio. No obstante, algunos miembros de la bancada, como el senador Chris Murphy de Connecticut, han expresado su preocupación por el impacto del proyecto en el sistema judicial.
“No queremos que todo el sistema de inmigración dependa de decisiones tomadas por tribunales de distrito en diferentes estados”, comentó Murphy, subrayando el riesgo de fragmentación legal. Aún así, 33 senadores demócratas votaron a favor de avanzar con el proyecto, dejando a la ley a siete votos de su aprobación final en el Senado.
Nuevas herramientas legales para los estados
La Ley Laken Riley pretende dar a los estados herramientas sin precedentes para intervenir en la política migratoria. Entre sus disposiciones, destaca la capacidad de demandar al Departamento de Seguridad Nacional (DHS) por presuntamente no cumplir con los mandatos de detención de inmigrantes. También permite que los estados impugnen la liberación de detenidos por parte del DHS o jueces de inmigración.
Sin embargo, estas facultades no contemplan el litigio en casos de presuntas detenciones ilegales, generando críticas de expertos legales que ven la medida como desequilibrada y políticamente cargada. Aaron Reichlin-Melnick, del American Immigration Council, advirtió sobre los riesgos de permitir que un solo juez de distrito genere conflictos internacionales y afecte la economía estadounidense.
Impacto y controversia internacional
Una de las provisiones más polémicas del proyecto es la posibilidad de que los fiscales generales soliciten sanciones contra países que no acepten a sus ciudadanos deportados, incluyendo la suspensión de emisión de visados. Según Reichlin-Melnick, esto podría desencadenar tensiones diplomáticas y repercusiones económicas de gran escala.
Los defensores del proyecto argumentan que se trata de una respuesta necesaria a la supuesta falta de acción por parte de la administración Biden y anteriores. Consideran que estas medidas son esenciales para garantizar la seguridad y la aplicación efectiva de la ley.