BOE publica la Ley de Eficiencia Procesal, pero su implantación requiere reglamento adicional
El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha publicado la Ley Orgánica 1/2025, de 2 de enero, sobre medidas en materia de eficiencia del Servicio Público de Justicia. Este nuevo marco legal, impulsado por el ministro de Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, establece reformas estructurales que incluyen la creación de tribunales de instancia en sustitución de los juzgados unipersonales actuales.
La transformación afectará a los 3,800 juzgados unipersonales que pasarán a convertirse en 431 tribunales de instancia, organizados según los partidos judiciales. Esta reorganización busca mejorar la especialización, unificar criterios y optimizar la distribución de la carga de trabajo entre los órganos judiciales, según fuentes del Ministerio de Justicia.
Sin embargo, la entrada en vigor de estas medidas, programada para el 3 de abril, depende de un reglamento que deberá ser aprobado en un plazo de seis meses. Este reglamento abordará la implantación práctica de los tribunales de instancia y la reestructuración de las oficinas judiciales. Además, la norma obliga al Ejecutivo a negociar con los funcionarios aspectos relacionados con retribuciones, horarios y condiciones laborales antes de su implementación.
Fechas clave para la transformación escalonada
La ley contempla un cronograma específico para la transformación gradual de los juzgados en tribunales de instancia a lo largo de 2025:
- 1 de julio de 2025: Transformación inicial de los juzgados de primera instancia e instrucción, así como de los juzgados de violencia sobre la mujer en partidos judiciales sin otros tipos de juzgados.
- 1 de octubre de 2025: Ampliación de la transformación a más partidos judiciales, integrando secciones civiles, de instrucción y de violencia sobre la mujer.
- 31 de diciembre de 2025: Conclusión de la reestructuración en todos los juzgados restantes.
Impulso a la mediación y el arbitraje
En su título segundo, la ley introduce medidas para promover los medios alternativos de solución de controversias (MASC) en ámbitos civil y mercantil, como mediación y arbitraje. Este enfoque busca fomentar acuerdos entre las partes y reducir la sobrecarga de los tribunales. El gobierno espera que esta estrategia alivie la presión sobre el sistema judicial y agilice la resolución de conflictos.
Negociaciones en curso
El éxito de la implantación de esta ley dependerá en gran medida de las negociaciones entre el Gobierno y los funcionarios judiciales. Aunque el reglamento deberá estar listo para octubre, cualquier retraso en estas conversaciones podría posponer la entrada en vigor de las reformas.