ONU-DH pide eliminar la prisión preventiva oficiosa: “Contraviene derechos humanos”
La reforma sobre prisión preventiva oficiosa, que entró en vigor el 1 de enero de 2025, ha generado preocupación a nivel internacional. La Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ONU-DH) emitió un pronunciamiento en el que señaló que esta figura “contraviene derechos humanos” y debe ser eliminada.
En su mensaje publicado a través de su cuenta oficial en la red social X (antes Twitter), la ONU-DH consideró que la prisión preventiva oficiosa constituye una “detención arbitraria”, según los estándares de los mecanismos internacionales de derechos humanos. Recalcó que, en lugar de expandirse y endurecerse, esta figura debería ser eliminada, ya que va en contra de principios fundamentales como la presunción de inocencia y el debido proceso.
El debate sobre esta reforma se intensificó después de que el Congreso de la Unión aprobara una modificación al artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ampliando el catálogo de delitos que ameritan prisión preventiva oficiosa. Esta medida permitirá al Ministerio Público solicitar dicha prisión cuando otras medidas cautelares sean insuficientes para garantizar la comparecencia del imputado o proteger a las personas involucradas en un caso. Además, los jueces deberán aplicar esta medida de forma automática en los casos que figuran en la lista de delitos graves.
Los delitos que ahora ameritan prisión preventiva oficiosa incluyen abuso y violencia sexual contra menores, delincuencia organizada, homicidio doloso, feminicidio, violación, secuestro, trata de personas, corrupción, y diversos delitos relacionados con hidrocarburos y desaparición forzada, entre otros.
La ONU-DH expresó su preocupación de que la prisión preventiva oficiosa pueda vulnerar varios derechos fundamentales, tales como el derecho a la libertad personal, la igualdad ante la ley y el derecho a la revisión judicial, además de que afecta el enfoque de derechos humanos en la seguridad pública.
Este pronunciamiento refleja la creciente preocupación por la implementación de esta reforma en el ámbito de la justicia mexicana y su impacto en los derechos de los ciudadanos.