Jubilación a los 66 años y 8 meses: una medida necesaria o un paso atrás?

Con la llegada de 2025, se activa una nueva modificación en la edad legal de jubilación en España: 66 años y ocho meses para quienes no cumplan con 38 años y tres meses de cotización. Este cambio, parte de una reforma iniciada en 2013, pretende adaptarse a la realidad de una población envejecida y alargada en esperanza de vida. Pero ¿es realmente una medida justa o simplemente un ajuste más que recae sobre los trabajadores?

Desde una perspectiva técnica, el envejecimiento poblacional y la sostenibilidad del sistema público de pensiones son preocupaciones legítimas. En un país donde cada vez hay menos personas activas por jubilado, las cuentas no cuadran si no se toman medidas. Sin embargo, este debate no puede obviar el impacto humano de trabajar más años.

Las diferencias entre sectores son abismales: no es lo mismo desempeñar un trabajo físico que uno de oficina. Ampliar la vida laboral sin un enfoque diferenciado puede llevar a desigualdades evidentes, especialmente para quienes desempeñan actividades más exigentes físicamente o quienes, por razones de salud, ven mermada su capacidad laboral en edades avanzadas.

Además, esta medida plantea una pregunta clave: ¿de qué sirve retrasar la jubilación si el mercado laboral excluye a las personas mayores de 50 años? Sin políticas complementarias que fomenten la empleabilidad y aseguren condiciones laborales dignas para las personas mayores, este cambio parece más una carga que una solución.

Es momento de replantear si este modelo es sostenible, no solo económicamente, sino también socialmente. Porque no se trata solo de cifras, sino de cómo estas políticas afectan la calidad de vida de las personas a las que van dirigidas.